LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC17722-2016
Radicación n° 11001-0203-000-2013-01077-00
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
(Aprobada en sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis)
Decide la Corte el recurso de revisión formulado por el accionante, frente a la sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Juan de Jesús Blanco Bonilla contra el departamento de Boyacá, Gustavo Borda Álvarez y Martha Esperanza Piñeros, al cual fueron vinculados la Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita – Cimacon, Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá y los municipios de Tunja, Cómbita y Ocaitá.
I. ANTECEDENTES
1. En el escrito introductorio del proceso, se solicitó reconocer que el demandante es dueño del predio denominado El Triángulo, ubicado en la vereda San Onofre del municipio de Cómbita departamento de Boyacá, con extensión superficiaria aproximada de 3.235 metros cuadrados, inscrito al folio de matrícula inmobiliaria n° 070-80689 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. En consecuencia, ordenar a los convocados al litigio, restituir el citado inmueble a su propietario y condenarlos a pagarle los respectivos frutos naturales y civiles, sin reconocerles prestación alguna por expensas relativas a la conservación de la finca.
2. En la causa petendi informó el actor, que adquirió el referido fundo por compra a Clara Eugenia Vargas López, según consta en la escritura pública n° 1536 de 12 de agosto de 2003 de la Notaría 3ª de Tunja, habiéndose efectuado su registro, el cual se halla vigente.
La posesión de la finca la tiene Martha Piñeros y Gustavo Borda Álvarez, quienes ingresaron por autorización escrita de la Secretaría de Minas del departamento de Boyacá, facultando al último nombrado para que explotara «la materia prima de materiales de construcción (arcilla para la elaboración de ladrillo, bloque, teja, etc.)», y han actuado de forma violenta, prohibiendo al dueño el ingreso.
El departamento de Boyacá entró en posesión del inmueble el 10 de octubre de 2000, cuando todavía era de propiedad de Clara Eugenia Vargas, habiendo propiciado la «construcción de un horno colmena para la cocción de ladrillo y otros elementos a base de arcilla», y para la época de la demanda esa condición también se la atribuyó a la Secretaría Agropecuaria y Minera del mencionado ente territorial.
3. Conoció del proceso el Juzgado 3° Civil del Circuito de Tunja, donde se admitió la demanda por auto de 28 de septiembre de 2005, se dispuso correrle traslado a los accionados, darle el trámite previsto para el juicio ordinario agrario y comunicar al Procurador Agrario, decretándose con posterioridad la inscripción de la demanda.
4. Notificados los convocados iniciales contestaron oponiéndose a las pretensiones y propusieron excepciones de mérito, como también por parte del departamento de Boyacá, la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario, la cual prosperó, por lo que se dispuso citar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita, como también los municipios de Tunja, Oicatá y Cómbita, y efectuada su notificación, replicaron la demanda oponiéndose a las peticiones del actor y plantearon excepciones de mérito.
5. Se profirió sentencia de primera instancia el 24 de septiembre de 2010, en la que se declaró infundada la excepción de falta de jurisdicción aducida por el departamento de Boyacá, fueron desestimadas las pretensiones del actor, se canceló la inscripción de la demanda y se adoptaron las respectivas decisiones en cuanto a las costas procesales.
6. La parte vencida interpuso recurso de apelación contra la referida decisión y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, la confirmó mediante sentencia de 4 de mayo de 2011.
II. EL RECURSO DE REVISIÓN
1. La impugnación extraordinaria, según las precisiones efectuadas al subsanar la demanda, se sustentó en la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, aduciéndose la incursión en el motivo de nulidad del numeral 4º artículo 140 ibídem, por habérsele dado un trámite diferente al asunto.
2. En los fundamentos fácticos manifestó el recurrente, que con la apelación buscaba desvirtuar la aseveración del juez de primera instancia relativa a la falta de identificación plena del predio, pero el Tribunal sostuvo que «dichos terrenos son del convenio ya liquidado y que no se está invadiendo el terreno del actor, pues lo vendido por la anterior propietaria al hoy actor no corresponde según el certificado de tradición a lo enajenado», y por lo tanto comentó, que «haciendo las veces de facultades extra y ultra petita y en favorecimiento al departamento de Boyacá se desborda en lanzar una serie de improperios (…), desconociendo el contenido del artículo 305 del C.P.C.».
Así mismo adujo, que la nulidad se configuraba porque el juzgador colegiado, en vez de resolver las alegaciones del apelante, «[creó] una nueva teoría de deslinde y amojonamiento, cuando este no se pedía, el hecho de que haya constituido una servidumbre de entrada sobre los terrenos de propiedad del actor, sin que esta existiera para la entrada del horno colmena, el hecho de que haya tildado de mala fe al actor sin que existiera prueba sumaria alguna que ello permitiera evidenciarle, el hecho de que la venta hecha por la vendedora al actor es de menos terreno cuando se probó en la diligencia de inspección judicial que el terreno sí existe», y concluyó, que tales señalamientos evidencian el favorecimiento a la parte accionada, en especial a la nombrada entidad territorial departamental.
3. La demanda de revisión se admitió el 16 de octubre de 2013 y la notificación a los opositores se realizó en las circunstancias siguientes: Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 26 de febrero de 2014 (f.113); municipio de Tunja, 28 de febrero de 2014 (f.123); departamento de Boyacá, 6 de marzo de 2014 (f.132); Gustavo Hernando Borda Álvarez y Martha Esperanza Piñeros Rodríguez, 7 de marzo de 2014 (f.134); municipio de Cómbita y Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita, 9 de junio de 2014 (por aviso); municipio de Oicatá, 11 de junio de 2014 (f.203).
4. Salvo el municipio de Cómbita y la Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita, los demás convocados a este trámite contestaron oponiéndose a lo pretendido con la impugnación extraordinaria, habiendo alegado el municipio de Tunja, la caducidad de la acción.
5. En razón de no haberse solicitado la práctica de pruebas, se prescindió del término previsto para el efecto y se corrió traslado para alegaciones, pronunciándose en tiempo el recurrente, quien se limitó a cuestionar aspectos del fallo del tribunal, y de otra parte, el municipio de Tunja, el que insistió en la caducidad para proponer la impugnación extraordinaria.
CONSIDERACIONES
1. En virtud de haberse presentado el 10 de mayo de 2013, la demanda mediante la cual se formuló y sustentó el recurso de revisión a que se refiere este trámite, de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887, se aplicarán en lo pertinente para la decisión, las disposiciones que en ese entonces se hallaban vigentes, esto es, las del Código de Procedimiento Civil.
2. El medio de impugnación en mención, conforme al artículo 379 ibídem, procede contra las sentencias ejecutoriadas, con apoyo en una o más de las causales específicamente consagradas en el precepto 380 del citado ordenamiento procesal, respecto de las cuales el artículo 381 ídem, consagra un término perentorio para interponer la respectiva demanda, y que por lo tanto, acaecido su vencimiento, en principio, se produce la caducidad del derecho o prerrogativa conferida al recurrente.
3. En la sentencia de esta Corporación CSJ SC, 11 jul. 2013, rad. 2011-01067-00, acerca del citado fenómeno procesal, se memoró:
(…) En relación [a] la caducidad ha dicho la Corte que ‘comprende la expiración (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentoriamente previsto en ella. (…) Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un término fatal fijado por la ley (…), dentro del cual debe ejercerse idóneamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse.
‘O, para decirlo en otros términos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar explícitamente una particular categoría, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relación jurídica no se extinga o sufra restricciones, fenómeno que, gracias a la labor de diferenciación emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad.
‘[…] ‘El legislador, pues, en aras de la seguridad jurídica, pretende con los términos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situación o relación de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico, tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo razonablemente tolerable los intereses de otros.
‘Nótese, por consiguiente, cómo la caducidad descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jurídicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidación, sin que ella deba concebirse como una sanción por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunción de pago o cumplimiento de la obligación, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho.
‘De ahí que la expresión: ‘Tanto tiempo tanto derecho’, demuestre de manera gráfica sus alcances, esto es, que el plazo señala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercitó oportunamente o no lo hizo, sin que medie prórroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.’ [Sentencia del 23 de septiembre de 2002, exp. 6054, reiterada en la de 4 de agosto de 2010, exp. 2007-01946-00, y en la de 31 de octubre de 2012, exp. 11001-0203-000-2003-00004-01].
4. Lo anterior implica, que para poder entrar a examinar de fondo la impugnación en comento, previamente se impone dilucidar lo pertinente acerca del señalado fenómeno procesal.
4.1. Invocó el promotor de este asunto como sustento del recurso de revisión, la causal octava del referido artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la cual el inciso 1º del precepto 381 ibídem, exigía interponerlo «dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
4.2. Consta en el plenario, que el fallo del tribunal se profirió el 4 de mayo de 2011, fue notificado por edicto conforme al artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, fijado el 10 del mismo mes y año, a las 8:00 de la mañana, permaneciendo hasta las 5:00 de la tarde del día 12 siguiente, quedando para esta fecha cumplido dicho acto, y por consiguiente, al tenor del precepto 331 ibídem, alcanzó ejecutoria tres días después, esto es, el 17 de mayo de 20111, y en el evento de haber sido susceptible del recurso de casación, al tenor del artículo 369 ídem, dicho término se habría extendido hasta el 19 del citado mes y año2. Luego entonces, en razón de haberse presentado la demanda el 10 de mayo de 2013, se determina que fue oportuna, puesto que no habían vencido los dos años otorgados para incoarla.
4.3. Ahora, de acuerdo con el artículo 94 del Código General del Proceso3, que derogó el precepto 90 del anterior ordenamiento procesal, «[l]a presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquélla o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandado. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado». A su vez, el penúltimo inciso de dicha disposición establece, que «[s]i fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos»4.
4.4. Se demandó como poseedores del inmueble objeto de reivindicación, a Gustavo Hernando Borda Álvarez, Martha Esperanza Piñeros Bohórquez y al departamento de Boyacá, atendiendo las reglas sobre integración del contradictorio.
4.5. En cuanto a los comparecientes al litigio: Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita, y los municipios de Tunja, Cómbita y Ocaitá, el juzgado del conocimiento al resolver en la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, la excepción previa de «no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios», formulada por el departamento de Boyacá, la declaró próspera y dispuso citar a dichas personas jurídicas, decisión que mantuvo al resolver la reposición planteada por el apoderado del actor, y en la condición señalada comparecieron al juicio.
4.6. Las referidas circunstancias señalan, que a todos los opositores se les ha dado el tratamiento de «litisconsortes necesarios», y por lo tanto, de aplicar el criterio de la Sala, para impedir que se produjera la caducidad, de conformidad con el penúltimo inciso artículo 94 del Código General del Proceso, se requería la notificación a todos ellos, lo cual significa, que solo con el enteramiento al último de los convocados, legalmente se generaban dichos efectos.
4.7. Al revisar la actuación procesal se constata, que la providencia de admisión de la demanda de revisión se notificó por estado al recurrente, el 18 de octubre de 2013 (f.92 rev.), lo cual implica que la anualidad concedida para enterar de la misma a los opositores venció el 18 de octubre de 2014, y como el último de estos actos se cumplió el 11 de junio de ese año, con la notificación al municipio de Oicatá (fl.203), no puede prosperar el medio exceptivo que propuso el municipio de Tunja, aún en el evento de estimar, como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia de la Corte, que la notificación dentro del término señalado, es indispensable para la inoperancia de dicho fenómeno procesal.
5. Así las cosas, se procede a decidir sobre el mérito de la impugnación extraordinaria, dado que concurren los presupuestos procesales y la ausencia de irregularidad procesal que pueda invalidar la actuación adelantada.
5.1. El recurso de revisión constituye una garantía de justicia, en cuanto dependiendo del motivo legal en que se funde, es factible aniquilar la decisión injusta, o procurar el restablecimiento del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o preservar el instituto de la cosa juzgada.
5.2. A fin de que puedan reconocerse los señalados efectos, dado el carácter restrictivo y formalista de la aludida impugnación, se requiere que el recurrente cumpla con invocar alguna de las casuales consagradas de manera taxativa por el legislador, al igual que demostrar los hechos concretos que le sirven de fundamento.
5.3. Para el caso, el recurrente adujo la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, la cual se configura por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», y manifestó que el juzgador de segundo grado cometió la irregularidad procesal consagrada en el numeral 4º del precepto 140 ibídem.
5.4. En la sustentación el impugnante cuestiona el incumplimiento por el tribunal de las reglas de la congruencia, porque a pesar de que buscaba con la apelación desvirtuar el argumento relativo a la falta de identificación plena del predio, el juzgador trató temas distintos, en cuanto sostuvo, que «dichos terrenos son del convenio ya liquidado y que no se está invadiendo el terreno del actor, pues lo vendido por la anterior propietaria al hoy actor no corresponde según el certificado de tradición a lo enajenado», y de otro lado, «haciendo las veces de facultades extra y ultra petita y en favorecimiento al departamento de Boyacá se desborda en lanzar una serie de improperios (…), desconociendo el contenido del artículo 305 del C.P.C.».
Así mismo comentó, que el juzgador colegiado adujo «una nueva teoría de deslinde y amojonamiento, cuando este no se pedía, [igualmente] el hecho de que haya constituido una servidumbre de estrada sobre los terrenos de propiedad del actor, sin que esta existiera para la entrada del horno colmena, [también] el hecho de que haya tildado de mala fe al actor sin que existiera prueba sumaria alguna que ello permitiera evidenciarle, [y] el hecho de que la venta hecha por la vendedora al actor es de menos terreno cuando se probó en la diligencia de inspección judicial que el terreno sí existe», concluyendo que tales señalamientos evidencian el favorecimiento a la parte accionada, en especial «al ente territorial».
5.5. Acerca del motivo de nulidad invocado, según el numeral 4º del citado artículo 140, se estructura «[c]uando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde», esto es, en el evento de haberse encauzado el asunto por un trámite distinto al consagrado legalmente, desarrollando dicha disposición el mandato del inciso 2º artículo 29 de la Constitución, conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino «con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio», y constituye un imperativo para hacer efectivo el derecho de igualdad reconocido en el canon 13 constitucional, en cuanto reclama que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades, además de gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional (CC C-407 de 1997).
5.6. Esta Corporación en sentencia CSJ SC, 16 jun. 2006, rad. n° 2002-00091-01, acerca de la irregularidad procesal en cuestión, comentó:
Es doctrina reiterada de la Corte que la causal de nulidad prevista por el citado numeral 4° del art. 140 del C.P.C., no opera ante cualquier irregularidad de la actuación procesal, sino cuando hay un verdadero y total cambio de las formas propias de cada juicio, es decir, cuando éste se lleva por un procedimiento totalmente distinto del que corresponde, según la ley, cual ocurre cuando ‘debiéndose seguir el ordinario se sigue el abreviado o el verbal, o cuando debiéndose seguir uno de éstos se sigue el ordinario, etc., es decir, cuando el rito seguido es uno distinto al que la Ley señala para el respectivo proceso, no cuando se omite, modifica o recorta alguna de las etapas de éste...’ (G. J. tomo 152, pág. 179; reiterada en sentencia de 23 de agosto de 1995, G. J. tomo 237, pág. 2476, y sentencia de 7 de junio de 2002, exp. No. 7240).
5.7. Refulge de lo señalado, que por el hecho de haber el Tribunal aludido a temas distintos a los planteados en la sustentación de la apelación, esa situación no configura la aludida causal de nulidad invocada, dado que ello no implica el cambio del procedimiento señalado por el legislador, y de otro lado, porque no corresponde a una «nulidad originada en la sentencia», ya que la adecuación del trámite la realiza el juzgador de primer grado al admitir la demanda.
5.8. Respecto a la crítica del impugnante atinente a la afectación de las reglas de congruencia, en cuanto que «haciendo las veces de facultades extra y ultra petita y en favorecimiento al departamento de Boyacá se desborda en lanzar una serie de improperios», no se aprecia irregularidad en ese sentido que pueda configurar la causal octava de revisión relativa a la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso», porque no se explicitan los puntos resueltos en el fallo que permitan determinar en qué aspectos se afectó la consonancia.
5.9. La Corte Suprema en sentencia CSJ SC4415-2016, rad. n° 2012-02126-00, acerca del citado motivo de revisión, en lo pertinente sostuvo:
Esta causal se refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio.
(…), ha reiterado la Corte que ‘…no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, (…), sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso’ (…).
De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a ‘abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa’ (CSJ SC, 22 sep. 1999. R. 7421)
Es decir que ha de tratarse de ‘una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido, (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que –a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil–… se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes’ (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)
La doctrina ha indicado que esta causal de nulidad puede originarse ‘con la sentencia firmada con menor número de magistrados o adoptada con un número de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacción, perención, o suspendido o interrumpido’ (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8ª ed. Bogotá: ABC, 1983. P. 652)
Adicionalmente, esta Corporación ha admitido que la irregularidad bajo análisis se presenta también cuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaración del fallo se termina modificándolo, y cuando se dicta sentencia ‘sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija’ (CSJ SC, 29 ago. 2008. Rad. 2004-00729).
La nulidad originada en la sentencia se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constitución de ese acto procesal, visto únicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho fallo produzca los efectos jurídicos que la ley instrumental le atribuye. De ahí que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentación, pues esto último podrá ser objeto de casación por vicios in judicando en los casos en los que hubiere lugar, pero no de revisión.
Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.
5.10. Así mismo, en el citado precedente jurisprudencial, en lo relativo a eventos en que pudiera resultar transgredido el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, al resolver la apelación, en lo pertinente se precisó:
La citada disposición enuncia el postulado que la doctrina ha denominado ‘tantum devolutum quantum appellatum’, por cuya virtud el conocimiento del juez que resuelve la impugnación formulada por un apelante único se encuentra circunscrito a las precisas cuestiones que hayan sido objeto del recurso. Esta limitación es la expresión de un principio general del derecho procesal, según el cual el juez que conoce de un recurso está circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no está facultado para despojar al apelante único del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugnó un extremo del litigio que le desfavoreció. De este modo, lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados.
Este postulado reposa en el principio de congruencia, pues los jueces de apelación no pueden fallar sobre ningún asunto que no les haya sido propuesto, a menos que esté íntimamente ligado con el objeto de la impugnación. De suerte que cuando la apelación ha sido puntual, los demás aspectos de la sentencia -esto es los que no fueron objeto de recurso- adquieren la autoridad de la cosa juzgada.
No es, sin embargo, cualquier punto que al recurrente le interese dejar inalterado el que tiene la virtualidad de limitar la resolución del juzgador ad quem, sino que debe tratarse de una impugnación parcial en la que el extremo del litigio que no es recurrido no se relaciona con el tema que es materia de la censura; además, debe tratarse de una decisión que no fue atacada por la parte legitimada para ello, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo.
5.11. No obstante la recriminación al juzgador de segunda instancia por la violación de la congruencia, además de no haberlo evidenciado mediante el planteamiento de hechos concretos, tampoco se constata al realizar el cotejo entre lo decidido en la sentencia con el escrito de sustentación de la apelación, puesto que en lo esencial confirmó el fallo del juez de primer grado denegatorio de las pretensiones reivindicatorias.
6. De acuerdo con lo analizado, no se acogerá la excepción de caducidad, se declarará infundado el recurso y con fundamento en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se condenará al recurrente al pago de las costas y perjuicios.
III. DECISIÓN
En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero. Desestimar la excepción de «caducidad», planteada por el municipio de Tunja.
Segundo. Declarar infundado el recurso de revisión formulado por Juan de Jesús Blanco Bonilla frente a la sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso ordinario reivindicatorio agrario promovido Juan de Jesús Blanco Bonilla contra el Departamento de Boyacá, Gustavo Borda Álvarez y Martha Esperanza Piñeros, al cual se vincularon como litisconsortes a la Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita, Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y los municipios de Tunja, Cómbita y Ocaitá.
Tercero. Condenar al recurrente al pago de costas y perjuicios. Estos se deberán liquidar mediante incidente, y en cuanto a aquellas, inclúyase en su liquidación, la suma de $3’000.000 por concepto de agencias en derecho. El pago de estas condenas se hará con cargo a la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada y cualquier saldo que quedare lo deberá asumir el directamente el deudor.
Cuarto. Devolver el proceso al juzgado de origen, anexándole copia de este fallo.
Quinto. Archivar el expediente de la actuación que adelantó la Corte.
Cópiese y notifíquese
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROS MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Con el acostumbrado respeto a la mayoría, y no obstante estar de acuerdo con la parte resolutiva de la decisión adoptada, preciso aclarar mi voto sobre los siguientes puntos
1. Nada se dice en cuanto a si la sentencia objeto del recurso de revisión era pasible del de casación, aspecto que puede revestir importancia y es importante que, a nivel general, se aclare, porque de haber sido así la ejecutoria se alcanza, no tres días después de la fecha de su notificación por edicto, como se afirma, sino cinco días después, término específico dispuesto para la aducción de este recurso extraordinario (art. 369 del Código de Procedimiento Civil)
2. Adopta el fallo la tesis según la cual, la calidad de litisconsortes necesarios que, legal o ilegalmente, hayan tenido algunos sujetos procesales en el proceso en el que se dictó la sentencia objeto de la revisión, se extiende al trámite de esta, de modo tal que la verificación de la oportuna notificación de la demanda de revisión debe circunscribirse tan sólo a ellos, “para impedir que se produjera la caducidad, de conformidad con el penúltimo inciso del artículo 94 del código general del proceso” (página 11 de la sentencia).
Con otras palabras, si en un proceso a una persona se le tuvo como litisconsorte voluntario, interviniente adhesivo, litisconsorcial (ahora técnicamente denominado litisconsorte cuasinecesario), entre otras eventualidades, la notificación a estos de la demanda incoatoria de la revisión no reviste trascendencia a los efectos de la caducidad.
Sin embargo, es lo cierto que de acuerdo con lo previsto en el numeral segundo del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, “las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia” deben ser convocadas al recurso, “para que con ellas se siga el procedimiento de revisión”. De donde resulta que todas ellas tienen la calidad de litisconsortes necesarios, a los efectos de este recurso de revisión y sin importar la condición que tenían en el proceso en que se dictó la sentencia objeto de la revisión.
3. Finalmente, y ya en lo tocante al examen de la causal de revisión alegada, debo decir que estoy plenamente de acuerdo con los lineamientos generales allí establecidos, pero discrepo del contenido de la jurisprudencia transcrita en el fallo, atinente a los contornos de la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso”, y a la exclusión de irregularidades atinentes a la órbita de competencia del superior cuando conoce del recurso de alzada, pues, tal como tuve oportunidad de indicarlo cuando ella se adoptó
la providencia de la que aclaro mi voto, afirma que es un asunto de incongruencia el atinente a incluir un Tribunal en su fallo asuntos no comprendidos en la apelación, para lo cual toma apoyo en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a tenor del cual “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubiesen sido alegadas si así lo exige la ley” (resaltado de la sentencia). Estima la mayoría de la Sala que la incongruencia no se presenta únicamente en las pretensiones deducidas en la demanda sino también en aquellas otras formuladas, por ejemplo, en la sustentación del recurso. Pero se incurre aquí, en mi parecer, en una confusión respecto del concepto de pretensión. Porque, en palabras de la Corte, la que hace acopio de la doctrina más autorizada (Carnelutti), por tal término se entiende “la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio” (LXII), lo que supone que el sujeto activo de la pretensión es el demandante y el pasivo el demandado. Pero en un recurso interpuesto contra una providencia judicial no puede entenderse, sin desfigurar los términos, que quien lo propone sea demandante de una pretensión frente al juez cuya decisión es la opugnada. Este funcionario, como representante del Estado, es destinatario del derecho de acción, al paso que el demandado o resistente -el del interés ajeno- es el destinatario de la pretensión incoada por el actor que blande su interés propio.
Las demás oportunidades a que se refiere el precepto últimamente mencionado hacen referencia a la adición o a la reforma de la demanda, pero en modo alguno puede tildarse de incongruente un fallo por el hecho de no haber aludido por ejemplo, a otras peticiones elevadas por el demandante en los alegatos, sean éstos los de la primera instancia o ya los que sustentan un recurso. (Rad. 11001-02-03-000-2012-02126-01)
A lo anterior complemento ahora que, en definitiva, cuando en la resolución de un recurso de apelación, el ad quem introduce temas completamente ajenos a los que fueron objeto de reproche concreto, rebasa su competencia funcional, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que lleva por título, “competencia del superior”, sin que esto signifique una mera impropiedad terminológica como la mayoría de la Sala dijo en la sentencia que se transcribe como precedente, pues tanto el legislador de 1970 como el del actual Código General del Proceso, de 2012, (artículo 328) expresamente así nominan el contenido del precepto, que, dicho esto de paso, regula asimismo la prohibición de la reformatio in pejus, asunto que también ha sido considerado inveteradamente por la corporación y en el escenario del recurso extraordinario de revisión, como motivo de nulidad originada en la sentencia que estructura la causal octava prevista en el artículo 380 del mentado código.
Margarita Cabello Blanco
Magistrada
1 No corrieron términos los días 14 y 15 de mayo de 2011, por no ser laborables.
2 CSJ SC, 11 jul. 2013, rad. n° 2011-01067-00: «hay casos especiales en los cuales la ejecutoria de la sentencia no se produce pasados los tres días después de la notificación, sino en un término distinto; por ejemplo, cuando la decisión es susceptible de recurso de casación, éste debe ser formulado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, por disposición expresa del artículo 369 del C. de P.C.»
3 Norma vigente desde el 1° de octubre de 2012.
4 Se subraya.